Reforma a la Ley Antilavado 2025: Lo que deben saber los asesores inmobiliarios

La reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), mejor conocida como Ley Antilavado, entró en vigor en 2025 con nuevas reglas que impactan directamente al sector inmobiliario.

Si eres asesor inmobiliario, arrendador o trabajas con contratos de arrendamiento, es clave que conozcas estos cambios para operar dentro del marco legal, proteger tus transacciones y evitar sanciones.

Nuevos umbrales para operaciones inmobiliarias

Uno de los puntos centrales de la reforma es el ajuste en los montos a partir de los cuales es obligatorio identificar al cliente o enviar un aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF):

• Compraventa de inmuebles: Es obligatorio identificar al cliente cuando el valor del inmueble sea igual o superior a 8,025 UMA. También se debe presentar un aviso a la UIF en ese caso.
• Arrendamiento: Si el valor mensual del contrato de arrendamiento alcanza o supera 1,605 UMA, el asesor debe identificar al arrendatario. Si el monto rebasa los 3,210 UMA, también debe enviarse un aviso.

Esto refuerza la vigilancia sobre operaciones que podrían usarse para lavar dinero a través del mercado de bienes raíces. Por eso es esencial que tanto asesores como arrendadores actualicen sus procesos.

También puedes leer nuestro blog sobre protección de renta para asegurar el cumplimiento y respaldo financiero en tus contratos.

Obligación de identificar al beneficiario controlador

A partir de esta reforma, se vuelve obligatorio identificar y documentar al beneficiario controlador, es decir, la persona física que, directa o indirectamente, se beneficia de la operación, incluso si se realiza a nombre de una empresa, sociedad o fideicomiso.

Esta información debe integrarse al expediente y mantenerse actualizada. En el caso del arrendamiento, el beneficiario controlador del arrendatario también debe ser identificado y registrado en el contrato de arrendamiento.

Esta medida busca evitar que personas oculten su identidad real detrás de estructuras jurídicas.

Documentación obligatoria y conservación de expedientes

La reforma exige mantener un expediente de identificación del cliente con los siguientes documentos:

• Identificación oficial vigente.
• Comprobante de domicilio.
• RFC y CURP.
• Información del beneficiario controlador.

Además, estos expedientes deben conservarse por un mínimo de 10 años, aun después de finalizada la operación.

Esto aplica tanto para operaciones de compraventa como para arrendamientos, por lo que tener procesos automatizados y digitalizados será fundamental.

‍

Descubre cómo hacer una buena investigación de inquilinos para respaldar legalmente tu renta desde el primer día.

Evaluación de riesgos y manual de cumplimiento

La ley también exige implementar un enfoque basado en riesgos. Esto significa que los asesores e inmobiliarias deberán:

• Evaluar el nivel de riesgo de cada cliente y operación.
• Contar con un manual de cumplimiento que establezca procedimientos, controles internos y responsables.
• Capacitar al personal regularmente sobre prevención de lavado de dinero.

Esta obligación aplica especialmente a quienes realizan múltiples contratos de arrendamiento o manejan grandes volúmenes de operaciones.

‍

Revisa también nuestro artículo sobre las obligaciones del arrendador y evita errores comunes en tu gestión inmobiliaria.

Restricción de pagos en efectivo y consecuencias

Otra modificación importante es la prohibición de pagos en efectivo en operaciones que superen los umbrales establecidos por la ley. Esto incluye anticipos, depósitos o pagos parciales que acumulen el monto límite.

Todos los pagos deben hacerse por transferencia o cheque, y los términos del contrato deben indicar claramente el medio de pago. El uso de efectivo podría derivar en sanciones graves, incluyendo multas de hasta 7 millones de pesos o la nulidad de la operación.

¿Qué pasa si no cumples con la ley?

Las sanciones por incumplimiento son altas:

• Multas económicas proporcionales al monto de la operación.
• Suspensión de actividades comerciales.
• Inclusión en listas negras de prevención financiera.

Además, si no se reporta una operación sospechosa, el asesor podría ser investigado como cómplice en actos de lavado de dinero, incluso si no fue intencional.

Por eso, además del cumplimiento normativo, es recomendable contar con asesoría jurídica especializada.

Cumple la ley y protege tu patrimonio

Cumplir con la Ley Antilavado 2025 es más que una obligación: es una estrategia para profesionalizar tu actividad inmobiliaria.

En MoradaUno ofrecemos soluciones tecnológicas que te ayudan a:

• Celebrar contratos digitales válidos legalmente.
• Verificar la identidad del arrendatario.
• Proteger tu ingreso mensual con pólizas jurídicas y protección de renta.

‍

‍

‍