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Al firmar un contrato de arrendamiento, tanto propietarios como inquilinos esperan una relación estable y sin problemas. Sin embargo, los desacuerdos son más frecuentes de lo que parece y, cuando ocurren, los juicios tradicionales resultan lentos, costosos y desgastantes.
Para dar solución a esta necesidad, en Jalisco se creó el Contrato de Justicia Alternativa, un mecanismo alternativo de solución de controversias respaldado por la Ley de Justicia Alternativa, aprobada por el Congreso del Estado. Esta herramienta legal permite resolver disputas de manera más ágil, económica y con la misma fuerza jurídica que una sentencia judicial.
En este artículo te explicamos qué es, cómo funciona y cuándo conviene utilizar un contrato de justicia alternativa.
Un Contrato de Justicia Alternativa es un documento que tiene categoría de sentencia ejecutoriada, esto quiere decir que tiene la misma fuerza y ejecución forzosa que una sentencia dictada por un juez competente.
Es un documento que contiene el acuerdo entre arrendador y arrendatario, para prevenir o solucionar un conflicto en caso de incumplimiento, mediante una solución pacífica.
Esta forma de hacer resolución de conflictos, llamada autocomposición, busca que las partes involucradas en el problema, se pongan de acuerdo directamente, sin intermediarios ni bajo el criterio de ningún tercero, únicamente con apoyo de un facilitador que les ayude a lograr una comunicación efectiva.
Este tipo de contrato o convenio permite resolver o prevenir procedimientos judiciales de manera ágil y efectiva, mediante el diálogo, sin recurrir a juzgados o tribunales. Además, los acuerdos alcanzados, una vez formalizados en el convenio correspondiente, tienen validez legal y, en caso de incumplimiento, pueden ejecutarse de forma inmediata.
Este tipo de contrato es especialmente útil en el sector de bienes raíces, donde los conflictos por arrendamientos son frecuentes, y también en las siguientes situaciones:
Asimismo, es importante entender que dentro del ámbito laboral no aplica al sector privado, únicamente ante los Centros de Mediación Laboral del Estado.
Para formalizar un contrato de justicia alternativa, primero se acude a un Centro de Justicia Alternativa acreditado, donde se firma una solicitud de servicio y un pacto de confidencialidad. Después, las partes firman el convenio que establece las obligaciones y derechos, ya sea para prevenir o resolver un conflicto.
Este convenio es validado por un facilitador y presentado ante el Instituto de Justicia Alternativa del estado de Jalisco correspondiente. Si cumple con los requisitos legales, se registra y adquiere fuerza de sentencia ejecutoriada.
A continuación, te mostramos los pasos detallados para realizar este proceso:
Documento donde una de las partes solicita la intervención de un facilitador/mediador para la prevención o solución de conflictos.
Sesiones de diálogo, donde el facilitador busca que las partes lleguen a un común acuerdo o punto medio que ponga fin a un conflicto.
Se redacta el documento que incluye los acuerdos alcanzados durante las sesiones de mediación. Este documento se denomina «convenio final de método alterno de solución de conflictos» o «convenio de justicia alternativa».
La autoridad competente, dependiente del Poder Judicial o del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, se encarga de revisar que el convenio cumpla con todos los requisitos legales y, tras su registro, le otorga el carácter de sentencia ejecutoriada.
El IJA emite un documento llamado sanción, que confirma la validez y obligatoriedad del convenio.
Los mecanismos alternativos de solución de controversias ofrecen ventajas clave para propietarios e inquilinos en un arrendamiento. A continuación, te explicamos cuáles son las principales:
Los tiempos de resolución de conflictos son significativamente menores que los de un proceso judicial.
No dependende tiempos de respuesta y atención de juzgados y tribunales, ya que pueden llegar a una sentencia y la ejecución de la misma, sin necesidad de pasar por todas las etapas de un juicio.
Evitar los altos honorarios de abogados y los gastos de un litigio largo. No se necesita la intervención de abogados para cada una de las partes, sino que estas dialogan directamente entre sí, con apoyo de un facilitador para mediar en el diálogo. Se requieren pocas sesiones, lo que permite resolver en semanas un conflicto que en un juicio tardaría meses o años.
Las partes tienen el poder de decidir los términos del acuerdo, enfocándose en sus necesidades reales (ganar-ganar).
Al no depender del criterio de un tercero (juez) cuyo margen de acción e interpretación de la ley es rígido, las partes pueden llegar a un punto medio que permita poner fin a una controversia en los términos que ambos se sientan satisfechos.
El registro y validación del acuerdo le otorga validez, fecha cierta y autenticidad.
Los facilitadores cuentan con fe pública para los actos en que intervengan, lo que quiere decir que lo relativo a la fecha, prestaciones y hechos narrados, se tienen como ciertos y hacen prueba plena ante la autoridad.
Dicho proceso se mantiene privado, a diferencia de un juicio público.
Los procesos seguidos ante centros privados de justicia alternativa, se rigen por parámetros legales muy estrictos para la protección de los datos personales, así como la información a que tengan acceso con motivo de sus funciones.
Los errores más frecuentes que cometen las partes al utilizar los métodos alternos de la justicia alternativa son:
No todo abogado tiene la certificación de facilitador (mediador), por lo tanto, los acuerdos que lleguemos frente a ellos no garantizan que puedan ser elevados a sentencia ejecutoriada.
No podemos manejar prestaciones o cláusulas ambiguas, ya que la autoridad que nos revise este convenio, al advertir esto, no hará válido el convenio.
El convenio adquiere la categoría de sentencia ejecutoriada hasta que se presenta, registra y sanciona por la autoridad, por ello, si no lo presentamos adecuadamente, no se llega a la eficacia necesaria de este acuerdo.
Siempre que firmemos un documento, este se nos debe explicar debidamente, así como todas nuestras dudas deben ser resueltas para estar seguros de a que nos obligamos.
En conclusión, el Contrato de Justicia Alternativa es una herramienta eficaz para resolver conflictos de arrendamiento de forma rápida, segura y con el mismo valor que una sentencia judicial. Este mecanismo evita costos innecesarios, reduce el desgaste y brinda tranquilidad con un procedimiento claro y respaldado por la ley.
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