Actualizado al 23 de octubre de 2026.
El 14 de octubre de 2026, el Gobierno de la Ciudad de México presentó la iniciativa conocida como Ley de Rentas Justas, que busca establecer nuevas reglas para el arrendamiento de viviendas, los aumentos de renta, los contratos y las garantías.
Aunque la propuesta ha generado interés entre propietarios, inquilinos y asesores inmobiliarios, es importante aclarar que algunas disposiciones ya están vigentes desde 2024, mientras que otras todavía se encuentran en discusión.
En este artículo te explicamos qué propone la Ley de Rentas Justas en CDMX, cuáles son las reglas actuales y cómo podrían afectar los cambios al mercado inmobiliario.
La nueva Ley de Rentas Justas todavía no ha sido aprobada. Al 23 de octubre de 2026, la iniciativa se encuentra en proceso de análisis en el Congreso de la Ciudad de México.
Sin embargo, existen disposiciones relacionadas con el arrendamiento habitacional que ya forman parte del Código Civil:
Por su parte, la nueva iniciativa propone ampliar las reglas sobre incrementos, regular garantías y gastos de contratación, incorporar sanciones y crear mecanismos de resolución de conflictos.
Es importante distinguir ambas situaciones: las medidas propuestas todavía no constituyen obligaciones vigentes.
El artículo 2448 D del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable en la Ciudad de México, establece que los incrementos anuales de renta habitacional no pueden superar la inflación del año anterior.
Esta disposición entró en vigor en agosto de 2024 y fue declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en febrero de 2026.
La resolución confirmó que los propietarios pueden establecer libremente el monto inicial de la renta, pero los incrementos posteriores deben respetar el límite legal.
Como referencia, la inflación general anual de diciembre de 2025 fue de 3.69 %. Si ese porcentaje resulta aplicable a una actualización, una renta de $10,000 pesos mensuales podría aumentar $369 pesos.
Este cálculo es ilustrativo, por lo que conviene verificar el indicador y periodo aplicables antes de modificar un contrato.
El artículo 2448 F del Código Civil establece que los contratos de arrendamiento habitacional deben formalizarse por escrito y contempla su registro digital ante el Gobierno de la CDMX.
La disposición establece un plazo de 30 días para que el arrendador realice el registro después de firmar el contrato.
La SCJN también determinó que el registro debe limitarse a la información necesaria para analizar los precios de las rentas, respetando la privacidad de propietarios e inquilinos.
Aunque la obligación ya existe en la legislación, al momento de esta actualización no hemos confirmado oficialmente la disponibilidad de una plataforma operativa ni sus lineamientos.
La iniciativa propone crear la Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, además de modificar distintas disposiciones del Código Civil.
Entre los cambios planteados destacan los siguientes:
Uno de los principales cambios sería aplicar el límite de incremento anual conforme a la inflación incluso cuando cambie el inquilino.
De esta manera, el propietario no podría aumentar la renta por encima del parámetro permitido únicamente por celebrar un contrato con una persona diferente.
También se contempla la posibilidad de autorizar incrementos extraordinarios cuando existan mejoras sustantivas en el inmueble, sujetas a los requisitos y autorizaciones correspondientes.
La iniciativa busca fortalecer el registro digital de contratos y establecer consecuencias económicas por incumplir determinadas obligaciones.
De acuerdo con la información reportada sobre la propuesta, se contemplan multas por no registrar los contratos, no entregar la documentación correspondiente o realizar incrementos de renta superiores a los permitidos.
Las sanciones propuestas incluyen montos calculados en Unidades de Medida y Actualización (UMA) y, para determinados incumplimientos de registro, cantidades equivalentes a meses de renta.
Estos montos deberán confirmarse con el texto definitivo de la legislación. Las nuevas multas propuestas todavía no están vigentes.
Otro cambio importante estaría relacionado con las condiciones para celebrar contratos de arrendamiento habitacional.
Entre las medidas propuestas se encuentran establecer contratos de al menos un año, regular la devolución de depósitos y limitar las garantías de cumplimiento adicionales que pueden solicitarse al inquilino.
La iniciativa también contempla restricciones para trasladar al arrendatario determinados gastos relacionados con la elaboración de contratos, verificaciones y servicios de intermediación.
Según lo reportado, estas restricciones podrían incluir costos asociados con pólizas jurídicas. Sin embargo, todavía debe confirmarse su alcance y cómo se aplicarían a los distintos servicios inmobiliarios.
La propuesta contempla crear una Defensoría de las Relaciones Inquilinarias dentro de la Procuraduría Social de la CDMX.
Esta instancia ofrecería servicios gratuitos de orientación, asesoría, mediación y conciliación para atender conflictos entre propietarios e inquilinos.
También se plantea establecer mecanismos de acompañamiento social ante desalojos ordenados judicialmente.
Estas medidas buscarían facilitar la resolución de controversias y fortalecer la protección de los derechos de ambas partes.
Si se aprueba la iniciativa, algunos de los principales cambios para el mercado de arrendamiento estarían relacionados con los aumentos de renta, las garantías, la formalización de contratos y los gastos de contratación.
Para los propietarios, esto podría representar nuevas condiciones al establecer precios, solicitar respaldos y documentar sus operaciones.
Para los asesores inmobiliarios, implicaría revisar los procedimientos de contratación y orientar a sus clientes sobre las disposiciones aplicables.
Mientras la iniciativa continúa en discusión, lo recomendable es:
Contar con información clara y actualizada ayuda a prevenir conflictos y brindar mayor seguridad durante el arrendamiento.
Todavía no existe una fecha definitiva para su entrada en vigor.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino para su análisis.
Antes de convertirse en ley, deberá completar el proceso legislativo, ser aprobada y publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Según lo reportado sobre sus disposiciones transitorias, se contempla que entre en vigor al día siguiente de su publicación, con plazos adicionales para implementar determinados mecanismos.
Sin embargo, estas condiciones dependerán de la versión que finalmente se apruebe.
No. Al 23 de octubre de 2026, la iniciativa continúa en proceso legislativo. Sus nuevas disposiciones no son obligatorias mientras no se aprueben y publiquen oficialmente.
La legislación vigente establece que los incrementos anuales de renta habitacional no deben superar la inflación del año anterior, conforme al artículo 2448 D del Código Civil.
La iniciativa contempla restricciones para trasladar determinados gastos de contratación a los inquilinos. No obstante, el alcance de estas medidas y su aplicación a las pólizas jurídicas dependerán del texto finalmente aprobado.
Los contratos actuales continúan sujetos a la legislación vigente. Si se aprueba la nueva ley, será necesario revisar sus disposiciones transitorias para determinar cómo se aplicarían los cambios a los contratos existentes.
La Ley de Rentas Justas en CDMX busca introducir cambios importantes en los aumentos de renta, la contratación, las garantías y la resolución de conflictos entre propietarios e inquilinos.
Sin embargo, mientras la iniciativa continúa en discusión, es fundamental distinguir las nuevas propuestas de las obligaciones que ya establece el Código Civil.
Para propietarios y asesores inmobiliarios, mantenerse informados, documentar cada operación y cumplir con la legislación vigente será clave para tomar decisiones seguras.
En MoradaUno seguiremos atentos al avance de esta iniciativa para compartir información que ayude a propietarios y profesionales inmobiliarios a realizar operaciones de arrendamiento con mayor confianza.
Este contenido tiene fines informativos y no sustituye la asesoría jurídica especializada.
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