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Cuando surge un conflicto en un contrato de arrendamiento en México, la mayoría piensa en largos juicios y procesos desgastantes ante el poder judicial. Sin embargo, en Jalisco, especialmente en municipios como Guadalajara y Zapopan existe una herramienta legal más ágil y efectiva, que es el Contrato de Justicia Alternativa.
En este artículo te explicamos cuánto cuesta un contrato de justicia alternativa en Jalisco y cuáles son sus principales ventajas, para que sepas cómo puede ayudarte a proteger tus rentas y tu patrimonio sin necesidad de pasar por tribunales.
El costo de un contrato de justicia alternativa en Jalisco varía según el tipo de convenio, pero en promedio se estima en $3,500 pesos mexicanos, lo cual incluye la elaboración del convenio final y su registro oficial ante el Instituto de Justicia Alternativa (IJA).
De manera general, los rangos de costo son:
Esto se calcula de acuerdo con la naturaleza del convenio. Por ejemplo, en la modalidad preventiva los montos son fijos y accesibles, mientras que en el ámbito mercantil pueden basarse en un porcentaje del valor recuperado.
En Jalisco, lo más común es que el costo lo cubra el inquilino (arrendatario) o quien solicita la renta del inmueble. En algunos casos, también se acuerda dividirlo al 50 % entre propietario e inquilino. La Procuraduría Social puede orientar a las partes respecto a esta práctica y su alcance.
Este mecanismo forma parte de los métodos alternos de solución de conflictos, respaldados por la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, y permite a propietarios e inquilinos resolver desacuerdos de forma rápida, económica y con pleno valor legal, a través de centros de mediación tanto privados como centros públicos autorizados por el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco.
Conoce cuáles son los principales beneficios de usar un contrato de justicia alternativa para tus arrendamientos.
Un convenio preventivo de justicia alternativa tiene la misma fuerza que una sentencia ejecutoriada. Esto significa que, en caso de incumplimiento, se puede solicitar la ejecución del convenio de forma inmediata, haciendo el desalojo del inquilino y el embargo por adeudos.
Además, los procesos de mediación suelen resolverse en 1 a 3 sesiones de una hora, lo que permite la resolución de conflictos en cuestión de días, frente a los meses o incluso años que tomaría en tribunales.
En algunos casos, los plazos para el registro y validez se cuentan en días hábiles, aunque ciertos actos pueden calcularse en días naturales, lo que impacta en la rapidez de la resolución.
Los mediadores cuentan con fe pública, lo que otorga autenticidad y validez plena a todo lo que se acuerda y firma ante ellos.
Cuando un convenio de justicia alternativa es inscrito ante el IJA, adquiere la categoría de sentencia ejecutoriada, lo que obliga a su cumplimiento, ya sea de manera voluntaria o forzosa. Esto significa que se puede recurrir a la ejecución forzosa en caso de incumplimiento.
Un procedimiento de justicia alternativa suele ser más económico que un litigio tradicional.
Al evitar gastos elevados en abogados y reducir el tiempo de resolución, las partes logran un acuerdo con el mismo peso que una sentencia judicial, pero con un gasto significativamente menor.
Mientras un juicio puede implicar años de seguimiento, honorarios elevados de abogados y múltiples trámites ante el poder judicial, la justicia alternativa reduce estos gastos al mínimo.
Al evitar procesos prolongados, las partes logran un acuerdo con el mismo peso que una sentencia judicial, pero en menos tiempo y con un gasto significativamente menor.
Otro beneficio es que, al inscribir el convenio final en el Instituto de Justicia Alternativa del Estado, se obtiene certeza jurídica sin necesidad de realizar pagos adicionales por trámites judiciales.
En comparación con los juicios tradicionales, donde los plazos suelen contarse en meses o años, en este modelo los tiempos se determinan en días hábiles o incluso días naturales, lo que representa un ahorro no solo económico, sino también de recursos y energía para las partes involucradas.
A diferencia de los juicios tradicionales, donde un juez competente impone la resolución, en la justicia alternativa las partes tienen la posibilidad de construir juntas un acuerdo ganar-ganar.
Este proceso se centra en la voluntad de las partes y permite mayor flexibilidad y control sobre el resultado final.
El contrato de justicia alternativa en México es una herramienta eficiente, económica y con respaldo legal que brinda a propietarios e inquilinos la certeza de resolver conflictos sin necesidad de procesos judiciales largos. Además, este modelo puede aplicarse en diversas materias, salvo en casos estrictamente relacionados con la materia penal, que se reservan al ámbito judicial.
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